Un juez federal en Estados Unidos ordenó la reanudación de los trámites de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes y solicitudes de naturalización para ciudadanos de 39 países. La decisión anula las políticas restrictivas implementadas por la administración de Donald Trump, que habían congelado estos beneficios en los últimos años.

La medida afecta principalmente a países de África y Medio Oriente, pero también incluye comunidades clave de América Latina, como Cuba, Haití y Venezuela. La suspensión de estos beneficios había generado controversia y preocupación entre las comunidades inmigrantes y defensores de derechos humanos.

El juez John McConnell Jr. dictaminó que las políticas de la Casa Blanca violaban derechos constitucionales y ordenó al gobierno reactivar los procesos de inmigración afectados. La decisión busca garantizar que los solicitantes puedan acceder a los beneficios migratorios sin restricciones injustificadas.

Hasta ahora, la administración estadounidense no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la implementación de la orden judicial, pero la resolución representa un cambio importante en la política migratoria del país, en un contexto de debates sobre inmigración y derechos civiles.